La conservación de la diversidad biológica es un proceso social y político. Por lo tanto, el apoyo ciudadano es indispensable para la implementación exitosa de políticas, planes y programas destinados a conservar la diversidad biológica. Estas acciones emergen para evitar, minimizar, mitigar o compensar alteraciones en la composición, estructura o funcionamiento de la biodiversidad producidas por actividades antrópicas. Para abordar esta tarea es usual que se emplee el modelo de “Presión-Estado-Respuesta”, establecido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la cual Chile es parte. Esta aproximación se basa en relaciones de causalidad y presupone que las diferentes actividades humanas influyen en modificar el estado de la biodiversidad, transformándose en presiones para las cuales la sociedad debería decidir cursos de acción para remediarlas y con ello recuperar el estado inicial de la biodiversidad. Estas respuestas se ejercen tanto sobre los mecanismos de presión como sobre la biodiversidad afectada, lo que conlleva modificaciones a los modos, intensidades o lugares donde las acciones humanas se desarrollan. Esta aproximación, provechosa para orientar la gestión ambiental, conlleva cambios o restricciones al accionar de la sociedad, por lo que requiere que sea cabalmente comprendida, adoptada y apoyada por esta.
No obstante su valor heurístico, este modelo ha sido criticado por los desafíos que conlleva establecer las relaciones de causalidad entre las actividades (presiones), los cambios en la condición ambiental y las consecuencias objetivas de las respuestas para resolver los problemas que estos cambios conllevarían. Más allá de las potenciales dificultades técnicas para demostrar la causalidad entre actividades (presiones), cambios en la biodiversidad (estado) y la adopción de medidas (respuestas), el modelo “Presión-Estado-Respuesta” supone que la sociedad en su conjunto reconoce que una actividad determinada es efectivamente un agente de cambio del estado de la biodiversidad, o expresado de otra forma, que de percibirse cambios en la biodiversidad, estos cambios son de su responsabilidad, y por lo tanto debería asumir la tarea de revertir la biodiversidad a su estado inicial con los esfuerzos normativos, logísticos y financieros que dicha tarea conlleve. Es decir, que comprenda, acepte como necesaria y se haga parte de la gestión de la biodiversidad.
Esta lógica supone que la sociedad efectivamente reconoce que una cierta actividad es una presión que cambia de estado a la biodiversidad y por lo tanto requiere de una respuesta. Sin embargo, en la medida que vivimos en un mundo más urbanizado, desconectado de experiencias con el entorno natural, la sociedad contemporánea enfrenta la “extinción de la experiencia”. La desconexión con la Naturaleza conlleva a que no se reconozca el entorno, la relación de la sociedad con el mismo, ni los cambios de estado y menos a que se esté consciente de las implicancias de dichos cambios en su propio bienestar. Es más, en la medida que las nuevas generaciones se enfrentan a paisajes ya modificados, estos son su línea de base o estado “normal”, generando un círculo vicioso de creciente falta de apreciación de la dependencia entre sociedad y naturaleza. Por ello, si no se valora ni percibe dicha relación, tampoco es considerado invertir recursos en acciones destinadas a la gestión de la biodiversidad.
Un ejemplo nacional lo demuestra nítidamente. Toda vez que un bosque nativo es reemplazado por una plantación forestal se reduce la riqueza de especies y abundancia de animales que habita dicho bosque. Por lo tanto, el reemplazo de los bosques es una clara presión sobre la biodiversidad, cuyo empobrecimiento es un cambio de estado que requiere medidas para remediar el empobrecimiento de la biota, tal como lo pide por ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica en las Metas de Aichi, donde se acuerda que al año 2020 las zonas destinadas a silvicultura se deberán gestionar de manera que aseguren la conservación de la biodiversidad biológica. En Chile, las plantaciones de pino Monterrey, especie exótica, han reemplazado extensas áreas de bosque nativo, particularmente en las regiones de mayor riqueza biológica. En muchas de estas plantaciones, la riqueza y abundancia de especies nativas se ha reducido o desaparecido. Por lo tanto, el manejo de estas plantaciones debería modificarse de forma que propenda a conservar la diversidad biológica nativa de acuerdo a lo comprometido por Chile como signatario del Convenio de Diversidad Biológica. Afortunadamente los cambios requeridos para mitigar los impactos negativos son conocidos pero su implementación requerirá de apoyo social, incluyendo por ejemplo, preferir productos forestales que demuestren provenir de plantaciones que efectivamente protegen biodiversidad nativa. La población chilena sin embargo, es neutra respecto de considerar estas plantaciones como una amenaza al patrimonio biológico nacional. Pero esto es manifiesto solamente entre la gente más joven y quienes viven en ciudades, la mayoría de la ciudadanía. Es más, mientras prácticamente todos los escolares de enseñanza básica son capaces de reconocer los pinos, pocos reconocen árboles nativos como el hualle e incluso el copihue, la flor nacional. Paradojalmente, una fracción de los adultos apoyaría la conservación del pino mediante un pago asociado a incrementos de los costos de servicios energéticos, pese a que el pino es una especie introducida, base de una rentable industria forestal. Este ejemplo demuestra que la verdadera naturaleza chilena no forma parte del imaginario y cultura nacional. Por lo tanto, el supuesto en que descansa el modelo “Presión-Estado-Respuesta” es a lo menos, parcialmente falso. Con ello, se debilita el apoyo a la gestión de la biodiversidad no solamente para lograr satisfacer los acuerdos del Convenio de Diversidad Biológica sino la política ambiental nacional en general.
El desafío pendiente en la gestión de la biodiversidad por lo tanto, es restaurar las conexiones de nuestra sociedad con el mundo natural, de manera que se (re)conozca, se valore y aprecie nuestra dependencia e impacto sobre la naturaleza. Aumentar nuestra cultura ambiental es un mandato indispensable para lograr una efectiva gestión de nuestro medio ambiente.
Javier A. Simonetti, Biólogo de la Universidad de Chile y Ph.D. de la Universidad de Washington. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias, Universidad de Chile y Presidente de Kauyeken.
Gabriela Simonetti-Grez, Actriz de la Universidad Mayor y Magister en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Directora Ejecutiva de Kauyeken.
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